INTERVENCIÓN DE GIUSTINIANI EN EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY DE RETENCIONES MOVILES
Sesión del 16-17 de julio de 2008.
Señor presidente: está en tratamiento el proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados por el que se ratifica la Resolución 125, se delegan facultades al gobierno nacional para la aplicación de los derechos aduaneros y se establecen las compensaciones a pequeños y medianos productores.
El país está en una situación especial y nuestro país conoce de situaciones especiales. Estamos en primer lugar ante un conflicto del gobierno nacional con el sector agropecuario, pero que dejó de ser la crisis del gobierno nacional con un sector para expresarse también como una crisis entre el gobierno nacional y las provincias, porque se ha puesto en el debate, en la agenda o arriba de la mesa un tema que no se había tratado en la dimensión que se está tratando en este momento, como es el de la coparticipación federal, de la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias. Por otra parte, hay un tercer tema, no menos importante, que es el de un estilo de gobernabilidad que se ha evidenciado durante el conflicto. No estoy hablando de temperamentos, sino de un modo de gobernar, en democracia.
Estos tres aspectos – conflicto entre gobierno y campo; relación Nación-provincias; y estilo de gobierno- se tocan en la Resolución 125. La naturaleza de este conflicto es evidentemente bastante compleja, y al no haber sido entendida de entrada por el gobierno nacional, ha profundizado el conflicto. Tenemos que reafirmar que de este tratamiento en el Congreso de la Nación no tiene que salir nadie derrotado. Nadie busca la derrota del gobierno nacional o el debilitamiento por perder una votación a fin de que el proyecto no avance.
En mi caso, representando a mi pueblo de la provincia de Santa Fe y al Partido Socialista, dejo sentado que, al afirmar que no debemos darle sanción definitiva al proyecto de la Cámara de Diputados, hemos sugerido una serie de propuestas y modificaciones. Quiero mencionar algunas cuestiones que es fundamental que queden claras en este recinto. Estamos de acuerdo con las retenciones como una herramienta de política económica, pero las retenciones en sí no son progresistas. Las retenciones en sí no distribuyen el ingreso. Las retenciones se aplican en treinta y nueve países en el mundo en este momento. Por ejemplo, en Ucrania y Rusia en materia de cereales, países que no tienen gobiernos ni de izquierda ni progresistas. En Colombia y en Guatemala con la cuestión del café. En Guatemala, hubo un cambio de gobierno y ahora sí hay un gobierno — el de Álvaro Colom— que es progresista, aunque el anterior era de derecha, como lo es el de Colombia.
Entonces, es claro que esto hace a la racionalidad económica de desacoplar los precios internos de los precios internacional y de capturar una renta extraordinaria. Pero, evidentemente, es fundamental el debate de cómo se usa esa renta y cómo se distribuyen esos recursos. Es muy importante entonces que se hayan disparado distintos debates de la mano de la discusión de la Resolución 125, como el tema de la distribución del ingreso. No es un tema que estaba entre las prioridades en la agenda del gobierno nacional, porque la primera cuestión para encarar la distribución del ingreso es una reforma tributaria integral que revierta el carácter regresivo y asimétrico del actual sistema tributario, algo que el gobierno ha pateado para adelante año tras año. La distribución del ingreso se produce fundamentalmente a través de las reformas tributarias que disminuyen los impuestos indirectos que gravan fundamentalmente el consumo de los sectores populares y se suben los impuestos directos a la renta y a la ganancia. Esto es algo que sabe todo el mundo y que aplican gobiernos progresistas y los países desarrollados en la marcha de una economía más pujante.
Por eso, cuando vemos la resultante económica-social en la República Argentina en los últimos años debemos hacer una reflexión. Evidentemente no es fácil hacer una reforma tributaria de esta naturaleza. Toca intereses, genera conflictos y, evidentemente, tiene que haber un gran consenso para llevarla adelante.
Pero si vamos a los números, nos damos cuenta de que es un país que creció y ha tenido un gran éxito macroeconómico; cinco años y medio de crecimiento sostenido de la economía a tasas inéditas en nuestra historia económica. Sin embargo, a la par de eso, y de un descenso de la desocupación, la pobreza, la indigencia, observamos que las brechas de desigualdad se mantuvieron relativamente inalteradas. Según datos del INDEC, la brecha entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre de la población es hoy 28,7 veces, cuando hace diez años, en 1998, era de 22,8 veces. En 1975, cuando empieza el cuarto de siglo que llega hasta nuestros días, caracterizado por la aplicación de políticas neoliberales que, junto con las dictaduras en toda la región, generaron la catástrofe económico-social que padecemos, dicha brecha era de sólo 9,5 veces. Y si se considera además la subdeclaración de ingresos de los sectores más acomodados, una práctica bastante habitual, la brecha asciende a 35,5 veces. Es decir que mientras el 10 por ciento de la población tiene el 34,4 por ciento del ingreso, el 10 por ciento más pobre sólo tiene el 1,2 por ciento. Y considerando el período 2003-2007, de cada 100 pesos nuevos generados, el 30 por ciento más rico se apropió de 62,5 pesos y el 40 por ciento más pobre de sólo 12,8 pesos.
Y ¿quién se quedó con esa renta, con ese dinero? No es tan difícil de responder, ya que vamos a dar argumentos que, con total autoridad, indicarán desde dónde hay que producir la distribución del ingreso. Entre las diez primeras empresas que más exportan en la República Argentina—según un artículo que se llama "Las dueñas de los dólares" que publicó el diario Crítica del 6 de julio—, siete pertenecen al complejo aceitero-cerealero. En el puesto número uno está Cargill, aceitera que en 2007 exportó por 4.094 millones de dólares, con un porcentaje de aumento del 65 por ciento respecto al año anterior. La segunda fue YPF, que lo hizo por 2.692 millones. En el tercer y cuarto lugar, se encuentran Bunge y LCD Argentina, una aceitera y una cerealera.
A este panorama hay que agregar que el 72 por ciento de las empresas que más venden sen Argentina son de capital extranjero, lo que demuestra la fuerte extranjerización de las empresas en la República Argentina. En efecto, 360 de las 500 empresas líderes que se quedaron con la principal renta en nuestro país, son extranjeras. Entonces, cuando se habla de modelo, tenemos que discutir cosas mucho más profundas que los cuatro pilares en que se asentó dicho modelo y que dieron un funcionamiento macroeconómico exitoso: superávit externo alto, dólar alto, retenciones y superávit fiscal alto. Estos cuatro pilares generaron un funcionamiento macroeconómico exitoso de tasas chinas, pero que hoy empieza a encontrar fisuras. No nos queda por ello ninguna duda con las exposiciones de los funcionarios nacionales en el Senado —sobre todo, después de escuchar al Secretario de Comercio, Guillermo Moreno— de que la Resolución 125 tuvo una motivación fiscal, derivada del crecimiento descontrolado del esquema de subsidios y de los vencimientos de la deuda que el propio ex – Presidente ha reconocido.
Entonces, si aludimos a la redistribución del ingreso, tenemos que hablar también de los servicios públicos privatizados que siguen con la lógica de los 90. Dando subsidios de la manera en que se dan y subsidiando a los ricos con el gas, la electricidad, el agua y el transporte, no se hace redistribución del ingreso; eso no es distribución del ingreso. No se trabaja de esa manera para sacar a la gente de la indigencia y de la pobreza. Y para un país progresista, que tiene que plantearse un ingreso mínimo garantizado y políticas sociales universales, es un absurdo, una afrenta, pagar doscientos pesos de planes sociales. Además, tenemos que darle la movilidad a los jubilados porque si ellos en la República Argentina, después de cinco años y medio de este superávit fiscal, no tienen la movilidad que por derecho constitucional les corresponde, no hay redistribución del ingreso posible en la República Argentina.
Por eso, nos parece positivo que se haya abierto este debate ya que en este aspecto tenemos nuestro aporte para realizar en virtud de muchos proyectos de ley que hemos presentado y que pueden obtener sanción y establecer políticas sustentables a mediano y largo plazo que no pongan en riesgo la economía sino todo lo contrario, que generen una economía con mayor igualdad y mayor justicia social y distributiva.
Este debate de la Resolución 125 también disparó otra cuestión central, el rol del Estado. Y en esto hay un tema fundamental, porque cuando en la década del 70 comenzó la era neoliberal no se dio solamente en la Argentina. Fue una corriente del mundo que se aplicó en la región con la mayor rigurosidad. Me refiero al “Consenso de Washington” que en nuestra región y en nuestro país dejó la catástrofe económica y social que aun padecemos. Y no se trató, como a veces se dice, de la existencia de un Estado “bobo” sino de un Estado “funcional”, totalmente funcional, a la concentración de la riqueza, con una teoría de la concentración de la riqueza que era el motor del funcionamiento del mercado. Y por eso se desreguló, se privatizó y se abrió la economía. Esto pasó en nuestros países durante la hegemonía neoliberal.
Hablar del rol del Estado es algo de una gran complejidad porque el neoliberalismo ganó una suerte de batalla cultural en el mundo cuando fue aplicado. Fue contra los Estados del Bienestar en la Europa desarrollada y en los Estados Unidos. De modo que estos temas del rol del Estado son fundamentales que se discutan en el Parlamento. El rol del Estado de este siglo debe ser un rol que equilibre lo que el mercado genera con sus desigualdades en la marcha por la rentabilidad. El mercado avanza en la desigualdad. Por eso, el rol del Estado en este siglo se tiene que dar con participación ciudadana; la sociedad debe participar en el nuevo rol del Estado.
Por eso, el proyecto de ley sobre regulación de los servicios públicos que el gobierno envió hace algunos años al Parlamento –y que se encuentra cajoneado en Diputados- es una muy buena norma que resisten todas las grandes empresas privatizadas, porque a estas empresas les conviene esta situación de emergencia. Les conviene patear la emergencia para adelante porque, si bien es cierto que no les aumenten las tarifas, tampoco hacen inversiones. Y las ganancias extraordinarias las obtienen por otro lado. En el caso del gas las obtienen con la garrafa y en el caso de los teléfonos, con los celulares.
Se habló de muchas leyes que se aprobaron en este Parlamento, pero la mayor tragedia de la época del neoliberalismo en la República Argentina fue la privatización de YPF. Porque en este mundo la consecuencia de 25 años de neoliberalismo nos deja tres crisis entrelazadas: las crisis financieras, la crisis energética y la crisis de los alimentos.
Entonces, el nuevo rol del Estado debe venir de la mano de la participación ciudadana y con entes de control. No existe caja neoliberal mala y caja revolucionaria buena. Los fondos públicos se deben administrar con transparencia siempre. Por eso, hemos planteado que el crecimiento de los fondos fiduciarios y de los subsidios de la manera en que se está haciendo inevitablemente terminará en denuncias penales. No es una obsesión de los legisladores de la oposición, de las oficinas anticorrupción o de los fiscales, sino que será así por el mecanismo empleado: cuando un funcionario tiene con su lapicera la posibilidad de derivar 500 millones para un lado o para el otro o dárselos a un empresario o a otro, esa discrecionalidad, esa poca transparencia, esa opacidad, termina mal. No estoy diciendo nada nuevo, porque esto ya lo vivimos.
El nuevo Estado debe venir necesariamente de la mano de la participación ciudadana. Y en esto quiero introducir el elemento de la Resolución 125, porque se introduce a través del artículo 2 la delegación de facultades. Puede haber una discusión jurídica al respecto, hemos escuchado a quienes opinan desde un lado y desde el otro, pero hay una frondosa jurisprudencia que marca que esta delegación que se realiza por la Resolución 125 es claramente inconstitucional.
Pero quiero remarcar, además, que el “delegacionismo” es una de las características del neoliberalismo; mejor dicho, de la manera de gobernar del neoliberalismo, sin Parlamento. Por ejemplo, Fujimori cerrando el Parlamento. Hay un libro de Guillermo O'Donnell que desarrolla muy bien toda esta cuestión, donde se habla de la fragilidad, de la debilidad, de la falta de sustento y de la crisis de las nuevas democracias de la región. Y en él se sostiene que una parte fundamental de esa crisis se debe a que no solamente no se ha llegado a la democracia participativa, sino que además las democracias representativas han descendido un escalón más, producto de esta concepción del neoliberalismo, y pasaron a ser “democracias delegativas”. Así las define el politólogo Guillermo O'Donnell.
Estos son temas centrales y nos parece muy positivo que se hayan puesto en debate en el Parlamento nacional. Las delegaciones debilitan la democracia porque generan una concentración de poder que la tornan un “elefante con pies de barro”. ¿Por qué pasamos en la Argentina de la hegemonía absoluta a la fragilidad? Dicen "se comen todo, no hay espacio para nadie" y, de golpe, vemos que esa hegemonía se transforma nuevamente en fragilidad. Algunas experiencias provinciales, con la reforma de la Constitución, lo dejaron claramente manifestado, como en el caso de Misiones
Esos son los temas fundamentales que queremos incorporar en la agenda del Parlamento y que quedan como un hecho positivo del tratamiento de las retenciones en el Congreso. Consideramos que las retenciones —tal como lo planteamos en nuestro proyecto y coincidimos con otros bloques— deben ser segmentadas y progresivas. No se puede dar el mismo tratamiento a los grandes pooles de siembra y fideicomisos financieros que administran miles de hectáreas, que a los pequeños y medianos productores que históricamente han cimentado el desarrollo económico y social del interior del país.
La desaparición de muchos pequeños productores, empujada inicialmente por la baja rentabilidad y el endeudamiento de finales de los ’90, en la actualidad, se profundiza por la competencia –muy desigual- por la tierra con las nuevos actores con más capacidad financiera. Entre 1988 y 2002 desaparecieron 103.405 establecimientos (30% de ellos la zona pampeana), el 75% de los cuales eran de menos de 100 hectáreas. En cuanto a la escala de las explotaciones, en el mismo período la unidad económica pampeana pasó de 257 a 538 hectáreas.
De esta forma, mientras cada año se alcanzan cosechas record, la cantidad de productores disminuyó un 25% en los últimos. En la zona más fértil del país, la tendencia concentradora se agudiza. Según datos del último Censo Nacional Agropecuario de 2002, de los casi 80 mil propietarios, los primeros 1250 acaparan 9 millones de ha, y 2000 empresas controlan el 80% de la producción. Además, tres grandes empresas controlan más la mitad de los embarques de granos, aceites y harinas: la estadounidense Cargill, la argentina Bunge y la francesa Dreyfus. Estas grandes empresas, que fueron los grandes beneficiarios de la devaluación y la pesificación asimétrica, siguen siendo los grandes “ganadores” del modelo de hoy.
Este modelo productivo ha ido erosionando el tejido social del medio rural transformando a mucho pequeños y medianos productores en rentistas y dando lugar a una “agricultura sin agricultores”. Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno, el proceso de concentración de la tierra y de “sojización" no se ha detenido en los últimos años; es necesario por ello una política integral en la materia como lo sostuviera Juan B. Justo, pionero en el estudio del problema agrario en la República Argentina, a cuya instancia el Partido Socialista aprobó en 1901 un programa agrario muy avanzado para la época que daría inicio a la legislación agraria argentina. Programa que planteaba el combate contra el latifundio y la concentración de la tierra, junto a la consecuente promoción de una clase de pequeños propietarios, como los elementos centrales para abordar la cuestión agraria que, como en aquella Argentina del capitalismo finisecular, vuelve a plantearse una vez más –al decir de Justo-, como uno de los “problemas más palpitantes de la vida nacional".
Por otra parte, hay que tener en cuenta que cada punto de retención coparticipa en “cero peso, cero centavos”. Por eso se dispara el debate entre el gobierno nacional y las provincias. La distribución de recursos financieros públicos entre la Nación y las provincias es un aspecto central que apuntala la vigencia de un régimen federal de gobierno y de su definición y forma de implementación depende en gran parte el ejercicio efectivo de la autonomía por parte de las provincias. Un aspecto crítico de esta distribución es la que surge del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos actualmente regido por la Ley 23.548. La Constitución Nacional reformada en el año 1994 determina la necesidad de establecer un nuevo régimen de coparticipación bajo las pautas de automaticidad en la remisión de fondos, objetividad en los criterios de reparto, equidad, solidaridad y prioridad en el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Estableció asimismo como plazo para su sanción la finalización del año 1996. Pasados once años del vencimiento de dicha imposición constitucional, el país no ha podido arribar a los consensos necesarios para posibilitar la sanción de esta norma.
Asimismo y más allá de mora constitucional, observamos con grave preocupación que el Gobierno Nacional no cumple siquiera con la ley vigente de Coparticipación Federal 23.548 en uno de sus aspectos fundamentales como el referido en su artículo 7, por el cual se determina un piso de recursos sobre el total recaudado –34%- que debe se distribuido a las provincias. En los últimos cuatro años, este incumplimiento de la garantía del 34% ascendió en valores nominales (sin actualización) a la suma de $ 60.566 millones. Si tomamos las cifras solo del año 2007, y a modo de ejemplo, podemos señalar que para la Provincia de Santa Fe la pérdida de coparticipación de acuerdo a los porcentajes vigentes fue de $1.229 Millones, lo que equivale al 10% de su presupuesto anual.
Aunque no en forma directa, las retenciones tienen relación entonces con los problemas fiscales que sufre la provincia de Buenos Aires, y con que las provincias de Córdoba y de Santa Fe necesiten plantear leyes fiscales. Es decir que empiezan a aparecer problemas en virtud de la holgura de las cuentas fiscales de la Nación y el déficit en las provincias, situación que nos debe preocupar a todos.
Y vuelvo aquí al estilo de gobernar que planteaba al inicio. Esa hegemonía de disciplinamiento a través de los fondos nacionales no es buena para nadie, y menos para el que la practica. No permite una relación positiva Nación-provincias ni tampoco un proceso de acumulación positivo para quien gobierna. Es por ello que creo que esta crisis debe dejarnos enseñanzas.
En los 120 días de conflicto en el país perdimos todos: la producción perdió millones de dólares, y también la economía del interior, que hoy se ve claramente desacelerada. En ese sentido, hace pocos meses hubo un debate acerca de la posibilidad de enfriar la economía por la preocupante tasa de inflación existente y de cuál era la manera de abordar la inflación en la Argentina, que es otro de los problemas pendientes que tenemos. Evidentemente, este conflicto ha producido un parate real, en virtud del cual perdió el gobierno nacional. Desde el propio gobierno se acepta esa situación. Puede leerse todos los días que se necesita un relanzamiento y que se perdieron seis meses. Este conflicto tuvo al país paralizado, se perdió a un ministro de Economía y hasta la relación de votaciones que existía en las cámaras de Diputados y de Senadores. Esto no lo digo chicaneando, sino como una constatación de la realidad de lo sucedido. Es por ello que considero muy importante lo que hagamos de aquí hacia adelante.
Evidentemente, hay un antes y un después del 10 de marzo. Tenemos la responsabilidad de discutir entre todos cómo buscamos no sólo la posibilidad de determinar juntos una política nacional para el sector agropecuario sino, además, cómo este país sienta las bases sólidas —y tenemos la posibilidad de hacerlo— de una Argentina progresista.
Tenemos tradición de una Argentina progresista. El granero del mundo de la primera década del siglo XX no fue el que construyó la Argentina progresista. Lo hizo la ley 1.420, de educación laica, obligatoria y gratuita, que sentó al hijo del pobre junto al del rico, con el guardapolvo blanco y cantando Aurora. Esa es la Argentina de la integración. La Argentina de la integración es la de las colonias agrícolas, la de los chacareros. Por eso insistimos tanto con los pequeños y los medianos productores; es una responsabilidad del Estado fomentarlos, apoyarlos y fomentar su desarrollo, porque son el principal motor de la economía del interior. Lo demostró Santa Fe con Esperanza, que fue la primera colonia que se fundó en el país. Con el proceso de colonización, Santa Fe se convirtió por esos años en la provincia más dinámica del país, transformándose en la mayor productora de granos, y aumentando su población de 40 mil a 350 mil habitantes entre 1850 y 1895. Esta es la verdadera historia del progreso argentino. Además, Colonia Esperanza también generó la posibilidad de integración a través de la inmigración. Porque no se trata sólo de progreso económico. Existe una hermosa anécdota que relata la historia de amor entre un alemán católico y una austríaca protestante, a quienes no se les permitía casarse. De cualquier forma, lo hicieron ellos mismos de hecho, llevando a cabo su casamiento en presencia de amigos, lo que constituye el primer antecedente de matrimonio civil en la República Argentina. Cabe mencionar en este sentido que el pueblo de Esperanza es una de las pocas ciudades del país que tiene dos iglesias en su plaza central: la católica y la protestante. Ese es el país progresista. Por eso hay que apoyar al pequeño y mediano productor, tanto del campo como de la ciudad: porque es el motor de la economía; porque es quien genera progreso social y la posibilidad de una Argentina en desarrollo.
Por las razones expuestas, votaré rechazando el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados. Lo haré por considerar que la delegación que se realiza en el artículo 2 avanza en aspectos totalmente negativos; que la metodología prevista para la devolución de las compensaciones a los pequeños y medianos productores repite lo que hoy no funciona o se hace mal, como ocurre en el caso del trigo; y por que se ha incorporado una fecha límte de vigencia del sistema —el 31 de octubre—, cuyo fundamento de existencia no hemos escuchado por parte de los funcionarios oficiales ni del bloque oficialista en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Se habla en este sentido del 31 de octubre, cuando en ese mes, justamente, se tiene que sembrar para la próxima campaña, lo que genera una incertidumbre: de la mano de la delegación, un funcionario de tercer nivel puede terminar con las compensaciones que está dando este Parlamento.
Por último, quiero decir que se trata no de un voto negativo, sino de afirmación de que, entre todos, tenemos que abrir el debate en el Parlamento. Este es el lugar para determinar la política agropecuario para el mediano y largo plazo y para discutir sobre todos estos aspectos fundamentales que todavía están pendientes en el país.
